Fecha: 2009-12-24 21:10:27

ENTORNO ECONÒMICO

Todo este trágico ensayo revolucionario tiene en su seno dos contradicciones irreconciliables. La primera es de orden económico. Estamos hablando del vicio que constituye la lógica socialista de aumentar el consumo de la población, con detrimento del capital existente y que por tanto sacrifica el porvenir a favor del presente. Es lo que la teoría económica ha dado en llamar “la economía destructiva”. La otra gran contradicción es de orden político. El ideario del proyecto socialista actualmente en ejecución en Venezuela no es compartido, ni por el partido militar, ni por las bases sociales que sustentan al régimen.

Los primeros temen ser despojados de lo que han atesorado como resultado del grosero contubernio existente entre los negocios y el poder y los segundos por la resistencia que produce en los sectores populares una prédica que sataniza el logro individual, la propiedad y la movilidad social.

En 1998, el Estado venezolano era el dueño del 70% de la propiedad no residencial existente en el país, es decir, aquella que se destina a la producción y generación de bienes y servicios (la que no incluye a los activos inmobiliarios que sirven de residencia a sus dueños). En el año 2008, el Estado elevó ese porcentaje a más de un 80%; en consecuencia, el sector privado en Venezuela sólo tiene en su poder menos del 20% de la propiedad no residencial asentada en nuestro territorio. En 1998, el gasto público consolidado del Estado representaba el 25% del Producto Interno Bruto nacional y en el año 2008 este gasto constituyó el 40% del PIB. En 1998, el 73% de las divisas que ingresaban al país eran propiedad del gobierno a través de PDVSA y otras empresas estatales con vocación exportadora.

En el año 2008 el 95% de los ingresos externos de la nación (es decir, los dólares) se concentraron en manos del Estado. En 1998 la nómina de personal al servicio del sector público estaba en 1.500.000 personas. En el año 2008 esta cifra se elevó a 2.500.000(el sector estatal pasó de emplear un 15% de la (PEA) población económicamente activa a un 20%).

Sustentado en el control patrimonial y monopólico que ejerce sobre la renta petrolera, el Estado Venezolano es propietario mayoritario de acerías, cementeras, compañías de almacenaje en frío, centrales azucareros, industrias lácteas, complejos de fabricación de aluminio, industrias extractivas de hierro, bauxita y otros minerales, CAVIM, EDELCA, CADAFE, ELECTRICIDAD DE CARACAS, empresas de suministro de agua, de gas, de distribución y transporte de combustibles, estaciones de servicio, empresas papeleras, de válvulas, de producción de pasta de tomate, de café, de arroz, de bancos, líneas aéreas, hoteles, flotas autobuseras empresas de telefonía básica y celular, canales de televisión, de radio, de silos, hatos, fincas y haciendas.

Todo este inmenso poder económico constituido por las empresas mercantiles de propiedad estatal que existen en el país, está en manos de una sola persona, el Jefe del Estado o el Presidente de la República como administrador que es de la Hacienda Pública Nacional.
El resto, un escaso 20% de la propiedad en Venezuela es de carácter privado y está en manos de millones de compatriotas, que viven de los frutos que generan esas propiedades, grandes, medianas y pequeñas.

El sector privado en nuestro país, aunque tremendamente reducido, emplea al 80% de la población económicamente activa, mientras que el sector público al 20% restante. El dueño del 80% de las propiedades y la riqueza en Venezuela, emplea a menos de 3 millones de personas , mientras que los dueños del 20% de las propiedades no residenciales asentadas en la nación, emplean y dan sustento a 9 millones compatriotas, tanto en el sector formal como en el informal.

Como vemos, a través de de la propiedad privada se logra una mucho más eficiente asignación de los recursos en la sociedad al punto de que, apenas constituyendo un 20% del total de las propiedad y de los bienes materiales existente en el país, sin embargo permite que sea fuente de sustento para el 80% de los venezolanos. Ante esta realidad nos asaltan dos preguntas: ¿como sería Venezuela si la relación entre propiedad pública y privada fuera inversa a la que existe hoy? ¿No habría mayor oferta de puestos de trabajo y empleos mejor remunerados?

A pesar de ser muy ineficiente en la asignación de las oportunidades económicas entre la población, el Estado venezolano, al concentrar tan impresionante cantidad de riqueza, sí tiene a su alcance una gigantesca capacidad de avasallamiento sobre la sociedad. El sector estatal en Venezuela ejerce control patrimonial sobre una inmensa mayoría de medios productivos, lo cual le permite tener autonomía funcional respecto de la sociedad. Esta relación Estado, economía, sociedad, permite que los gobiernos controlen la base material del país, es decir, la riqueza, y el que controle la riqueza controlará a la gente.

El Socialismo, por definición, es la destrucción sistemática y sostenida de la economía privada. No estamos hablando sólo de la propiedad privada, sino de todo el sistema productivo y de intercambio comercial a partir del cual los ciudadanos pueden, independiente y autónomamente, crear las condiciones materiales que le permitan disponer de los medios económicos suficientes para su bienestar y el de los suyos.

Esta labor de destrucción de la economía privada requiere de tiempo, aunque no tanto del que se necesitó para crearla, ni del que se necesitará para reconstituirla. En Venezuela se lleva adelante, sin prisa, pero sin pausa, un proceso de demolición de la base material que permite todavía a millones de venezolano ser independientes frente a los designios de poder del Estado y que también lo puedan seguir siendo sus hijos.

Si hay una promesa electoral que el gobierno está cumpliendo a cabalidad es aquella de avanzar en su modelo socialista. Por ejemplo, las constantes medidas de intervención gubernamental en plantas procesadoras de alimentos, junto a los anuncios sobre la creación de cupos de producción mediante los cuales a los empresarios de áreas sensibles del sector se les establece la cantidad que deben producir de determinado tipo de producto, ponen en evidencia hasta dónde pretende llegarse en el proceso de trituración de la economía privada.

Pronto estaremos en presencia de mayores y más severos controles y de anuncios intervencionistas con un claro tinte confiscatorio. A los empresarios el Estado les indicará qué, cuánto, como y dónde producir, junto a quién y a qué precio vender su producto o servicio. De seguir así pasaremos del control sobre la producción de bienes y servicios, al control sobre el consumo, es decir, al racionamiento. Este proceso se iniciará sin duda allí en donde existan mayores ineficiencias, es decir, por las empresas y entes públicos. Por eso el racionamiento comienza en el suministro de agua y luz. El gobierno indica que el socialismo se construye a partir de la escasez. Sin embargo hay que corregirlo en algo: el socialismo es más que eso, el socialismo es el régimen de la escasez.

De esta manera, cada medida gubernamental destinada a interferir sobre el sistema de precios y de libre empresa mediante la aplicación de controles y regulaciones, derivará rápidamente en la necesidad de de aplicar otras muchas medidas más, de igual naturaleza y de carácter complementario, hasta llegar a un punto de no retorno: la total socialización y estatización de la economía. Todo esto traerá destrucción de riqueza, desaparición de empleos productivos, escasez, desabastecimiento y desde luego inflación. Bienvenidos al socialismo del siglo XXI.

Todo este trágico ensayo revolucionario tiene en su seno dos contradicciones irreconciliables (como les gusta decir a los marxistas) que finalmente echarán al traste con el delirio bolivariano. La primera es de orden económico. Estamos hablando del vicio que constituye una política que aumenta el consumo de las masas o de la población, con detrimento del capital existente y que por tanto sacrifica el porvenir a favor del presente. Es lo que la teoría económica ha dado en llamar “la economía destructiva”. El socialismo destruye riqueza al destruir base material que la genera, pero al mismo tiempo quiere que la gente consuma. Es obvio hacia dónde nos conduce tal despropósito.

La otra gran contradicción es de orden político. El ideario del proyecto socialista actualmente en ejecución en Venezuela, no es compartido por el partido militar ni por las bases sociales que sustentan al régimen. Los primeros temen ser despojados de lo que han atesorado como resultado del grosero contubernio existente entre los negocios y el poder y los segundos por la resistencia casi antropológica que se produce en los sectores populares ante una prédica que sataniza el logro individual, la propiedad y la movilidad social.

La intervención oficial realizada sobre un conjunto de entidades financieras regentadas la mayoría(o todas ellas) por operadores económicos del régimen estrechamente ligados a la nomenclatura político-militar del alto gobierno, revela que esa contradicción política antes anotada de la que está preñada la revolución bolivariana, empieza a hacer aparición de forma virulenta.

El socialismo del siglo XXI, como sus predecesores del siglo XX, está en trance de pasar a su etapa terminal, la cual no es otra que la total liquidación de la escasa franja de economía privada que todavía queda en el país. El golpe final es la socialización o estatización del sistema financiero nacional, so pretexto de la “inmensa corrupción” que existe en su seno, obviando, claro está, las responsabilidades que corresponden al funcionariado gubernamental que permitió y amparó las irregularidades e ilegalidades que llevaron al cierre de varios bancos en dos semanas.

El Presidente señala con sorna que no pierde su tiempo respondiendo los ataques de sus adversarios. “Águila no caza Moscas”, dice con enorme arrogancia, pero cuidado: ¡Mosca con las Àguilas!